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y Ensenada
Parte 1
Problemas de comunicación
A la hora de pensar en los problemas de comunicación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, suele aludirse a cierto aspecto técnico o instrumental, de equivocación en las formas o en la elección de los canales y voceros. Y aunque todo ello pueda ser cierto, no atañe en absoluto a lo esencial. El gobierno tiene serios problemas de comunicación, pero ellos apenas se relacionan con cuestiones de instrumentación o de eficacia, subsidiarias de otros asuntos verdaderamente relevantes.
No obstante, debemos detenernos en distinguir la estrategia comunicacional del gobierno con la política comunicacional que impulsa.
Los medios
Por estos días el gobierno ha comunicado una noticia de irrefutable relevancia. Por sus consecuencias fácticas y su importancia estratégica, la eliminación de las AFJP y la reconstrucción de un sistema previsional único y estatal deberían asegurarle el recupero de la iniciativa política y de la confianza popular. Sin embargo, y aún con un consenso sustancial en favor de tales medidas, la noticia parece haber sido tomada con cierta reserva por la opinión pública (acaso por efecto de la grosera manipulación llevada a cabo una vez más por parte de la opinión publicada). De aquí emerge una primera e insoslayable dificultad comunicacional del gobierno, que sólo puede negarse por complicidad, ingenuidad o dogmatismo:
los medios masivos de comunicación ocupan de manera orgánica el lugar de la oposición política, compensando con creces la ineficacia de aquélla.
Los medios de información de mayor alcance e influencia, capaces de producir agenda y de construir opinión, se encuentran en manos de agentes que han decidido jugar decididamente en contra de las políticas gubernamentales, apelando para ello a múltiples estrategias de ocultamiento, manipulación y tratamiento asimétrico de la información. Frente al monopolio privado de la palabra pública, la necesidad de que el estado modifique la legislación vigente sobre radiodifusión parece impostergable si se tiene conciencia de que, más que sobre un gobierno en particular, la amenaza se cierne sobre la propia democracia, impensable por debajo de un umbral mínimo de pluralismo - y buena fe - en la opinión.
Los medios públicos, de influencia más limitada, no llegan a compensar tal desequilibrio comunicacional por diversas razones, entre las que se cuentan los altibajos en sus niveles de profesionalismo y la dificultad que supone el intento de transmitir mensajes alternativos a través de estéticas dominantes respecto de cuya utilización, para peor, suele carecerse de la necesaria pericia. Por otro lado, las cooptaciones y alianzas tejidas por el gobierno con algunos medios resultan cuanto menos temerarias (el caso de Infobae o C5N es paradigmático), mientras que los medios alternativos están afuera del paradigma comunicacional oficial y, aunque vastos sectores intentan promoverlos, adolecen del alcance y la influencia necesarios para contrarrestar el aceitado despliegue del conglomerado mediático.
Y los discursos
Sin embargo, la cuestión relativa al desnivel desfavorable en la opinión que resulta de la actual configuración de los medios de masas en Argentina, y que podría comenzar a corregirse paulatinamente con la impostergable sanción de una nueva normativa que garantizara una efectiva pluralidad de voces, no es ni la única ni la más profunda de las dificultades comunicacionales del gobierno. En efecto, más allá de los medios están -amplificados o negados por ellos - los discursos. Suele afirmarse desde ciertas posiciones que intentan ubicarse a la izquierda del gobierno, que en variados aspectos no se ha avanzado más allá de la gestualidad o del discurso. Independientemente de la mayor o menor entidad de tales críticas, no hay razón para restar valor a las palabras y los gestos en una época en la que el discurso político se encuentra bastardeado.
El intento de restituir a la política su centralidad en la organización social y económica es también una disputa semiótica. Precisamente en este aspecto, las resistencias en el universo de la recepción son inocultables, constituyendo una barrera difícil de franquear. El discurso antipolítico, que los medios construyen/retoman/reenvían a y desde la sociedad parece constituir un anticuerpo resistente y efectivo a la hora de contrarrestar las intervenciones que, desde el discurso y la acción, intentan restituir un ideario de integración social sobre cuya derrota se ha afianzado el neoliberalismo más salvaje.
Desafortunadamente, la comunicación gubernamental parece adolecer de toda estrategia y, lo que parece peor, de todo diagnóstico acertado frente a ese estado de cosas. A la narrativa mediática, estructurada sobre la base del conflicto entre la "gente" y los "políticos", el gobierno opone un discurso argumentativo de corte ilustrado, también destinado a la "gente". Así, frente al núcleo duro y extenso de la antipolítica, las interpelaciones del discurso oficial despiertan adhesiones tibias y contradictorias entre los propios, y exacerbados odios militantes en los ajenos. Resultaría indispensable, entonces, pensar en otra discursividad. La "gente", colectivo imaginado sobre el espectro de los sectores medios urbanos, sólo en segundo grado puede ser el sujeto de la interpelación de un gobierno popular. Es necesario, antes que nada, volver a referirse al Pueblo, apelar a su movilización simbólica. Tal vez recién entonces una política popular pueda comenzar a ser oída; y a hacerse escuchar.
El sujeto destinatario es un constructo. Como tal, la democratización de la opinión pública no es otra cosa que la democratización del uso de los medios públicos.
Parte 2
Lugares comunes, sentido común.
El gran Otro mediático, privado y monopólico realiza permanentemente la construcción política de la realidad global y nacional. Articula y ordena discursos que dan forma a un sustrato de sentido común que hunde sus raíces en los fantasmas más reaccionarios de las clases medias para devolverlo naturalizado.
Lugares comunes que la repetición de los medios y la presunta autoridad de opinólogos creados a su medida transforman en sentido común universal.
La apelación a la "verdad de los hechos" y al "lenguaje de la gente" enmascara que la "cruda realidad" tiene estructura ficcional. Se presenta a modo de natural lo que es una puesta en escena preparada y ambientada. La realidad mediatizada es un relato; "En vivo y en directo" nos remite a la artefactualidad de Derrida ya que ninguna percepción está despojada de interpretación o intervención técnica y la "actualidad" que fija agendas suele ser "actuada" o interpretada a través de numerosos dispositivos artificiales, jerarquizados y selectivos. Ni la realidad ni las palabras son transparentes. Acierta Barthes: el sentido común es la domesticación de la realidad.
Es aquí donde los medios inciden sobre la palabra -que es la expresión del pensamiento- declarando la muerte de categorías por anacrónicas y travistiendo otras para robarles su significación histórica. El robo y supresión de la categoría "pueblo" por la de "gente" es probablemente la más grosera, pero también han desaparecido otras que describen el contexto sociopolítico persistente y gravoso. Desapareció la palabra imperialismo sin que desapareciera el imperialismo, los trabajadores no son una clase para los medios y crecen las replicas a la categoría compañeros desde el progresismo. La universalidad de que todos somos sujetos de derecho, sobre la que Evita propuso su paradigma de que donde hay una necesidad existe un derecho, trocó en la de que todos somos consumidores “iguales ante el producto”. Ciudadano se opone con ”habitante” y los niños son "menores"…
Los soportes
El abismo tecnológico, hace imposible describir el fenómeno de los medios como "la relación homóloga interpares" que propone Antonio Pasquali.
Es mas bien una suerte de compulsa desigual que Umberto Eco analoga con la lucha de clases en la que todos somos proletarios comunicacionales. Y cada vez más dependientes, si reconocemos la inexorable, indetenible e inminente convergencia de los soportes tecnológicos. Televisión, computadora personal y teléfono comparten dispositivos. Las derivas futuras no son tan impensables como novedades científicas sino como nuevos usos y apropiaciones del medio. Por lo tanto, la ley deberá garantizar la distribución equitativa y la implementación de las nuevas tecnologías.
Existe cierta idealización con respecto a la capacidad democratizadora de algunos contenidos o de algunas tecnologías. No hay contenidos o tecnologías neutras. Tampoco existe un glosario de contenidos o un dispositivo tecnológico que determinen por sí mismos la distribución plural de las condiciones de producción y reconocimiento del discurso mediático. Más aún: una política democrática no se agota en un repertorio de procedimientos republicanos formales. Como interpretante y resultante de los contenidos y la tecnología, la acción política se articula en los medios masivos y en todos los sectores de la sociedad.
La problemática de los medios resulta, entonces, una tríada que vincula tres vértices: el conceptual, el tecnológico y el ideológico. Una relación triádica, debido a que cualquier acción o modificación en algunas de estas zonas produce una acción o modificación en las otras dos, por lo que es imposible su resolución con procedimientos formales y, menos aún, tomando estas cuestiones por separado. Asistimos a cambios cualitativos de tal magnitud que reportan un nuevo paradigma. En el área tecnológica, la digitalización representa una nueva configuración del dispositivo mediático. En el campo ideológico, una ley de la democracia puntúa una agenda que nada tiene que ver con la ley nacida durante la última dictadura militar (Ley 22.285/80).
La madre de todas las batallas - La ley
La concepción del estado moderno lo exige árbitro entre las fuerzas sociales y es el soporte legal su marco de acción. Es la ley, cuanto la más elocuente, la que impide el abuso del poderoso sobre el débil y es, por tanto, siempre el poderoso el beneficiado por la ausencia de ley y la abdicación del estado. En un contexto dominado por el poder de la información una ley de servicios audiovisuales de la democracia será una ley en defensa propia: Una nueva Ley de Radiodifusión que admita a otros oferentes simbólicos y esté regida por otra racionalidad que no sea la del lucro; que procure una adecuada reserva del espectro para lo social, lo comunitario y lo público además de lo privado; y, sobre todo, que este imbuída del concepto de la información como derecho, rechazando la categoría que toma al público como cliente.
No es gratuito que la ley vigente, la 22.285 sea una ley al amparo de la doctrina de la seguridad nacional. Que la dictadura más horrorosa, sangrienta y perversa de nuestra historia haya promulgado su propia ley parece una cuestión de sentido común. En el contexto de la represión ilegal del terrorismo de estado, signado por el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas, el robo vil, la corrupción y el robo de niños; bajo la doctrina de la seguridad nacional y firmada en el mes de septiembre de 1980 por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy tiene una impronta autoritaria y centralista insalvable. De hecho toda actualización,
en democracia, del marco regulatorio con base en esa ley no hizo mas que favorecer la concentración de los medios y su influencia sobre el relato histórico y social. El aumento de la cantidad de licencias para cada empresa es el ejemplo emblemático, pero, además, los huecos legales propiciaron todo tipo de abuso.
La matriz ideológica de la ley se revela, sin embargo, en el art. 45 que en su redacción original determinaba el otorgamiento de licencias a personas físicas o personas jurídicas de carácter comercial, salvado recién en 2003 por la Corte Suprema de Justicia que lo declaró inconstitucional en un dictamen relativo de una causa iniciada por una mutual cordobesa, y modificado en 2005 por la Ley 26.053 que habilita a organizaciones sin fines de lucro, exceptuando a las cooperativas de servicios públicos. Fue el mismo año en el que el decreto 527 suspendió por diez años el conteo del transcurso de las licencias de servicios de radiodifusión.
Primero la ley
El momento es ya. La mejor oportunidad es aquella en la cual la acción se lleva a cabo: siempre es el momento porque nunca es el momento.
La nueva ley de radiodifusión de la democracia incide directamente en los intereses materiales concretos de los monopolios mediáticos, en una legión de operadores culturales complacientes con esa situación y en un burocratismo parasitario gestor del inmovilismo y la prebenda.
No hay fundamentos que justifiquen la continuidad de una ley anacrónica que no contempla la evolución tecnológica. A las puertas de la definición de la norma digital una nueva ley marco es el previo indispensable. Primero la ley. Y en ella la creación de un organismo de control fuerte y federal con participación de los sectores involucrados.
Desde la recuperación de la democracia, no faltaron proyectos para una nueva ley de radiodifusión: fueron 37 Proyectos, entre ellos 2 oficiales, que sucumbieron a las presiones ejercidas por los grupos económicos que condicionaron insalvablemente o se asociaron impúdicamente con el poder político.
Raúl Alfonsín no supo, no pudo y no quiso promover una ley democrática. Carlos Menem aprovechó la ley vigente para agudizar la concentración de la propiedad de los medios en el negocio de unos pocos. En el gobierno de la Alianza no sólo se negó el tema sino que incluso se encorcetó y condicionó a los medios estatales, cuando a tres días de asumir vetó la ley que creaba RTA, sancionada por unanimidad en ambas cámaras un mes antes: un multimedio no gubernamental con control social y parlamentario. Para Fernando De la Rúa la cuestión de los medios quedaba resuelta en una agencia de publicidad.Ante la fuerte impronta de la iniciativa política del gobierno, el híbrido opositor políticos-medios sólo atina a ironizar cuando tiene algunas responsabilidades gubernamentales o agraviar cuando las tuvo y no las tiene.
En el contexto de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y de sus declaraciones en ese sentido, se vuelve fosforescente su deuda manifiesta en la demora de una ley de radiodifusión que vaya en consonancia con su acción política en el marco del proyecto nacional.
Aunque aún no esté en la agenda del colectivo social la discusión sobre la nueva ley salió de los estrechos círculos académicos y de especialistas en comunicación, llegando a espacios gremiales, sociales y comunitarios. Pero estas discusiones no fueron reflejadas por los grandes medios; los medios no discuten sobre la propiedad de los medios.
Una ley democrática de radiodifusión es sólo el primer paso formal hacia una política comunicacional de inclusión social, y además, que la sanción de una nueva ley debería insertarse en el marco más amplio de una política comunicacional; que contemplara el conjunto de acciones del Estado en relación al sector, el control, regulación y gestión de medios públicos, así como el manejo de la información pública.
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CARTA ABIERTA
Retornamos asi al sistema único y solidario de reparto garantizado por el art. 14 bis de
Este proceso inclusivo y protector de los derechos del trabajador y su familia solo pudo ser detenido por los quiebres del orden institucional y saqueo de las cajas previsionales, entre las tantas atrocidades cometidas por los usurpadores de la soberania popular.
El vaciamiento de las cajas previsionales del estado producto de sus malas administraciones sirvió de sustento a las docrtrinas neoliberales imperantes en la década del 90 paraimplementar la idea del ahorro individual administrado por empresas privadas. A partir del 01/07/94 fue reemplazado el sistema del seguro social de base solidaria por un sistema mixto de capitalizacion y reparto. AÏ sellevaron a cabo fuertes campañas para captar adherentes al sistema de capitalización administrado por las AFJP.
Luego de 14 años de vigencia del mentado sistemade capitalizacion privada puede verificarse su profundo fracaso tanto en sus enunciados objetivos fundantes de aumento de cobertura previsional, mejora de haberes desarrollo de mercado de capitales, reducción del déficit fiscal, etc. como asÏ tambiËn respecto de la eficiencia en la administración de las cuentas particulares de los afiliados, quienes en forma sistem·tica, en cada crisis bursatil han visto decaer los fondos acumulados y la consecuente expectativa de una jubilación digna.
A titulo de ejemplo cabe mencionar que la desvalorización real durante el último año alcanza al 30 % de los fondos capitalizados.
Actualmente el sistema de capitalización cuenta con 446.000 afiliados de los cuales el 77 % de ellos son asistidos por el Estado para que puedan acceder a la prestación minima debido a que los fondos acumulados no les permiten acceder a ella, producto de los bajos ingresos, las altas comisiones de las AFJP, el alto costo del seguro y la baja rentabilidad obtenida por la administraciÛn de los fondos capÏtalizados. Así el Estado Nacional desembolsar 4000 millones de pesos este año y se presupuestó 4400 millones para el 2009 solo para auxiliar a los afiliados por AFJP que no llegan a cobrar la jubilación mínima otorgada por el sistema privado.
El sistema de capitalización vigente en nuestor país se implementó tomando como referencia al instaurao en Chile en forma coactiva por
A pesar de ello las Administradoras de Pensión Chilenas (AFP), al igual que las AFJP argentinas no han visto afectadas sus rentabilidades por le riesgo bursatil o temblores de las finanzas mundiales que si redujeron significativamente los fondos de pensión de las cuentas individuales de los empleados. por el contrario, las comisiones determinadas como un porcentaje de la remuneración imponible les ha garantizado altos márgenes de rentabilidad y suculentos honorarios a sus directorios. Es algo asÌ como un socialismo al revés, las ganancias se privatizan y de las pérdidas se hace cargo el Estado.
Lamentablemente la aplicación durante estos 14 años del sistema de jubilaciones y pensiones privado ha hecho perder recursos al Estado por estimaciones confiables que rondan los 300.000 millones de pesos.
El ahorro del sistema previsional público es ahorro nacional y como tal no debe estar destinado a financiar a las grandes empresa que cotizan en bolsa, muchas de las cuales transnacionales, mediante la adquisción de sus aciones y fondos de inversión, sino que debe estar destinado a financiar el desarrollo nacional, mediante proyectos de inversión pública y privada orientada a las necesidades nacionales y a la generación de nuevos puestos de trabajo que también vayan a alimentar el cÌrculo virtuoso de crecimiento del ahorro previsional.
El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional enviado al Congreso prevé garantizar la correcta utilizacion de los fondos previsionales a través de controles de una Comisión Bicameral además de los organismos de controles habituales del Estado. Además se creará un consejo integrado por cámaras empresariales, organizaciones sindicales y de los jubilados para efectuar el seguimiento de la especificidad en las inversiones de los fondos administrados por el Estado a través de
Este proyecto es acompañado mayoritariamente por lapoblación. Todas las encuestas así lo indican, hasta las organizadas por los medios opositores al gobierno. Pero también se verifica en que los nuevos trabajadores incorporrados al mercado laboral en un 90 % optaron por el sistema de reparto. También aquellos que por su edad tuvieron la última oportunidad de cambiar de régimen lo hicieron mayoritariamente por el régimen estatal.
En síntesis, porque "Sin Estado no hay Nación"apoyamos la firme decision del gobierno nacional de recuperar para el Estado y para toda la población, el más justo y equitativo sistema
previsional público y solidario .
No se nos escapa, que por ser un ataque a uno de los nudos del modelo neoliberal implantado en Argentina hace
Creemos que devolver a la administraci;on estatatl los fondos jubilatorios de los trabajadores es restituir la seguridad a los actuales y futuros jubilados. Seguridad en el manejo responsable de sus aportes, para el deesarrollo y bienestar de nuestra Nación.
La reciente sanción en
La pronta sanción en Senadores abrira una nueva etapa en esta indispensable y urgente tarea de reconstrucción de un Estado al servicio de las mayorias populares.
La historia, eso suele decirse, no se repite o, al menos, aquello que sucedió en el pasado no regresa sobre el presente manifestando sus derechos de continuidad. En tiempos como los nuestros, dominados por el ansia del puro instante, suele resultar entre imposible e intolerable sentirnos deudores de otra época del mundo; en el mejor de los casos nos solazamos con transferirla al museo y reducirla a una experiencia estética. Y, sin embargo, la deuda persiste y, en algún momento, hay que pagarla. ¿Estamos en condiciones de cancelarla? Señalo esto porque en los últimos días se ha intentado establecer las correspondencias entre la crisis del ’30 y la actual, apresurándose, la mayoría de los economistas, a destacar no tanto las coincidencias y semejanzas sino las irrevocables diferencias que separan a una y otra; casi como un intento de exorcismo que lograra alejar el fantasma, demasiado presente y activo, de una profunda depresión de la economía mundial. Inclinados, como estamos, a no pensar históricamente, a ensimismarnos en nuestra propia actualidad y temerosos de conjurar los espectros de un pasado no deseado, buscamos cortar las relaciones, los intercambios subterráneos, las equivalencias entre lo sucedido antaño y aquello que nos atraviesa de lado a lado en el presente. Entre las correspondencias y las diferencias se vuelve imprescindible pensar nuestra época a la luz de esa otra historia que todavía insiste entre nosotros, en especial si no nos olvidamos que seguimos habitando en el interior del capitalismo.
Aquellos que se regocijan ante la dimensión de la crisis financiera del capitalismo central, leyendo en ella los síntomas de una muerte anunciada desde siempre, tal vez no comprenden que las alternativas ante tamaña puesta en cuestión no parecen venir de proyectos ligados a tradiciones emancipatorias; y eso, entre otras cosas, porque se percibe desde hace varias décadas una profunda orfandad en el interior de esas supuestas alternativas que atravesaron el tiempo neoliberal expresando una aguda fatiga política e ideológica, dejando en evidencia su propia crisis y sus propias derrotas. La resolución de la Gran Depresión de los años treinta no vino por el lado de las corrientes libertarias y antiburguesas sino que encontró sus salidas, por una parte, en los caminos del keynesianismo rooseveltiano unido a la política del “gran garrote” y, por la otra parte, en el despliegue arrasador de los fascismos europeos que no sólo liquidaron en sus países a las izquierdas sino que abrieron las puertas para una guerra deseada por el propio sistema para apresurar la salida a su bancarrota (mientras tanto en la Unión Soviética el stalinismo desplegaba su propia política de arrasamiento de los restos reivindicables de la Revolución de Octubre aniquilando tanto a la vieja guardia bolchevique como desarrollando su propio y letal Gulag). Las consecuencias, siempre es importante recordarlo, fueron decenas de millones de muertos no sólo en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial sino, a su vez, el desarrollo de los campos de exterminio del nazismo y, como corolario del triunfo aliado, la “solución nuclear” en Hiroshima y Nagasaki. Años de horror y terror que nos deben alertar sobre nuestro presente y las diversas alternativas que se abren o pueden abrirse como salida de la crisis.
Estar atentos, auscultar los síntomas de la época descubriendo sus empatías y sus semejanzas con aquella otra crisis colosal del capitalismo no significa, no puede significar, quedar paralizados ante “la repetición en la historia”, creyendo que esos espectros del totalitarismo están listos para regresar sobre la escena contemporánea. Sería vano y superfluo calibrar los sucesos actuales desde esa lógica; pero sería ingenuo y peligroso perder de vista las marcas que persisten, las señales entre nosotros de ciertas continuidades subterráneas que hoy, aquí y ahora, se manifiestan en los lenguajes y en los recursos de una derecha que reincorpora, bajo nuevos ropajes, las viejas formas de la violencia y el racismo. Ropajes adaptados al clima políticamente correcto que atraviesa la sensibilidad de una época, la nuestra, paridora de “morales universales” que requieren que el ciudadano se sienta bien con su propia conciencia en el preciso instante en el que se formulan y se llevan a cabo políticas restrictivas, de vigilancia extrema y de clausura de las propias fronteras nacionales.
Europa, antes de experimentar los síntomas de la crisis y de atemorizarse ante ellos, se adelantó, asumiendo su condición vanguardista en estos temas, a fijar un nuevo orden jurídico arrasador para los “inmigrantes ilegales”, para los “judíos” de la época del capitalismo globalizador que intenta cerrar herméticamente sus fronteras ante la demanda de los miserables de la tierra, demanda que se multiplicó gracias a las políticas económicofinancieras que generaron, entre otras cosas, las condiciones para la bancarrota del sistema especulativo neoliberal pero sin antes multiplicar de manera escandalosa la pobreza y la miseria en la mayor parte del planeta. Europa, siempre astuta, no parece elegir una salida progresista (si tan malgastada y desahuciada palabra aún significa algo) a la caída de bancos y bolsas; su inclinación, hoy como ayer en los no tan lejanos treinta, parece dirigirse más hacia la derecha; tal vez no en el sentido de los viejos y horrorosos fascismos, tal vez sin aquellas violencias homicidas, pero sí ampliando las redes de la vigilancia y la exclusión. Será tarea de una izquierda europea apagada por sus propias carencias salir a dar una batalla que ponga en cuestión las retóricas de la seguridad y del miedo que hoy dominan al viejo continente.
Dentro de los giros inesperados de esa dama antigua, pero insistente en su presencia, que se llama “historia”, está la “anomalía” latinoamericana, esa que en el comienzo del milenio inició, con diversos matices, el camino de salida del neoliberalismo adelantándose, en sus intentos por rescatar al Estado y a aquellas tradiciones democráticopopulares desbaratadas por el dominio de la lógica de mercado que capturó a gran parte de las conciencias de nuestras sociedades, a la puesta en cuestión de un modelo articulado alrededor del consenso de Washington y de los organismos internacionales destinados a sostener a rajatabla las políticas de libre mercado y de arrasadora especulación que fueron promovidas por los dueños del poder economicopolítico en sus dos variantes: la vernácula y la imperial. Nuestros países llegan al crac del capitalismo financieroespeculativo en condiciones muy distintas de las que predominaron en la década del noventa, una década que multiplicó las prácticas y los discursos de un sistema depredador. Se posicionaron, insisto, con sus diferencias y matices, contra los ideologemas de la lógica unipolar del mercado y contra la colonización de la opinión pública por esas retóricas dominadas por la naturalización neoliberal.
Sin pecar de optimistas ni de ingenuos, creyendo que la región, o la Argentina en particular, está blindada contra el avance de la crisis, sí resulta evidente que es posible enfrentarla con otros recursos políticos, económicos y culturales, aquellos que precisamente provienen de ese giro inesperado, de esa anomalía, que viene signando el derrotero de Sudamérica en los últimos años. No es mucho, pero tampoco es escaso o insustancial como lo quiere hacer creer cierta izquierda que imagina que estamos delante de la toma del Palacio de Invierno y preparados para hacer la revolución, pero que previamente hay que ayudar al desbarrancamiento de gobiernos impostores y “seudopopulares” que impiden y retrasan la llegada de la hora revolucionaria. Lejos de ese escenario de dudosa épica estamos, sin embargo, en el interior de una coyuntura compleja pero más propicia que aquella otra en la que nos encontrábamos años atrás cuando la gramática del mercado dominaba por completo vida y conciencias.
Se vuelve imprescindible encontrar las palabras adecuadas para pensar la gravedad de la época; es indispensable abandonar conceptos gastados y vacíos que poco o nada ayudan para comprender y actuar en las actuales circunstancias históricas. Creer que nuestros lenguajes permanecen seguros y a resguardo ante la brutal inseguridad de una realidad en estado de conmoción es pecar, una vez más, de ser portadores de la certeza última, dueños de una verdad que siempre está esperando el tiempo de su realización. Como escribía hace muy poco Nicolás Casullo, “si las cosas ya no se escriben de otra forma ya no se escriben más”. ¿Sabremos encontrar esas otras escrituras que puedan dar cuenta de las cosas y de su acaecer deslumbrante? Tal vez está sea la imprescindible batalla cultural que tenemos por delante: iniciar el desmontaje de aquellos discursos y de aquellas prácticas propias del sistema que dominaron la escena de las últimas décadas sabiendo, desde hace mucho tiempo, que todas las garantías se han perdido.
* Publicado en Página 12 el martes, 14 de Octubre de 2008
APOYO AL GOBIERNO Y A LA DEMOCRACIA BOLIVIANA
Los integrantes de Carta Abierta La Plata, Berisso y Ensenada queremos manifestar nuestro claro y rotundo compromiso con el proceso democrático, transformador y con el Gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma.
Expresamos e invitamos a expresar –a las organizaciones libres del pueblo argentino- su enérgico repudio respecto del accionar de quienes apelan a la violencia y el racismo para desestabilizar la Democracia e imponer sus intereses en contra de las necesidades y deseos del pueblo de ese país hermano
Sectores minoritarios y concentrados, con la asistencia de poderes económicos locales y extranjeros y el gobierno de los Estados Unidos, pretenden vulnerar las legítimas decisiones del Gobierno boliviano, que acaba de obtener un contundente respaldo popular en el referéndum en apoyo al proceso político que encabeza el presidente Evo Morales Ayma, redoblando su legitimidad. Por eso, nuestro llamado es
a favor de la Democracia , de la Paz , de la Autodeterminación de los Pueblos, de la Unidad territorial, del proceso de integracion regional y del respeto al rumbo de transformaciones elegido y avalado por la enorme mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Bolivia.
Ningún intento de reivindicación sectorial autonómica ha de ser legítimo si se recurre a medios violentos para expresarse y menos aún si se apoya en actitudes e incitaciones segregacionistas, en las que se manifiesta un profundo desprecio por quienes más sufren y por quienes sufrieron durante siglos la exclusión, la miseria y la explotación en Bolivia y en toda Latinoamérica. Por la Democracia , la Paz en el continente, por la unidad de los pueblos de la región, por la continuidad y profundización de las políticas transformadoras en Bolivia, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano y con el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, y nuestro absoluto repudio a quienes pretenden avasallarlos sirviéndose, una vez más, de la violencia y la desestabilización.
Condenamos la masacre de Pando y acompañamos a los campesinos y al conjunto del pueblo boliviano en su demanda de cárcel y condena a los autores materiales e intelectuales de la espantosa matanza.
Saludamos la formidable e histórica iniciativa del bloque de los paises de UNASUR y su decidido “rechazo a cualquier intento de golpe civil, ruptura del orden institucional o situacion que comprometa la integridad territorial de Bolivia” y hacemos nuestra su llamado a
“ preservar la unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo Estado y a rechazar cualquier intento de socavar esos principios”.
El laberinto argentino
La excepcionalidad
Corren tiempos en que es posible percibir que en materia política hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente. Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna otra-, pero mostró un rumbo propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.
Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agromediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante. Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y que debe ser empalmado con el compromiso con las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.
Hay que advertir que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las fórmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.
No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.
En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.
Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de las fuerzas siempre reconocibles de la reacción conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene. Y que tiene sus deudas con un contexto regional signado por los triunfos electorales de fuerzas progresistas y Estados con diálogos renovados con los movimientos populares. Si Argentina se mueve con fluidez y premura en esta escena compartida, es también porque sabe que cuando las campanas doblan su anuncio nos compete. La situación del pueblo boliviano sometido al ataque de formas nuevas, de formas antepasadas o de las últimas invenciones del racismo, el imperialismo, el golpismo y el separatismo –todo ello por partes o fusionado- obliga a la movilización de todos los recursos políticos, culturales y reflexivos para acompañar al gobierno de Evo Morales.
Los símbolos y las acciones
Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió en estos últimos meses en nuestro país. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del “hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino.
El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento de los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje político exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.
Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva fantasmagorías conservadoras en los sectores medios, para cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.
El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática que juegan entre la admonición moralista y la promoción de una civilización del miedo en los grandes centros urbanos. Y contiene asimismo a las propias marañas de las que las fuerzas populares, sobreponiéndose, deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se esperaba que el agrarismo y sus adyacentes perspectivas comunicacionales, recrearan un lenguaje movilizador en otros tiempos invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por lenguajes eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.
¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas imperiosas que deben resolver los movimientos sociales, ellos sí obligados a resolver una conocida disyuntiva. Ni deben estar cómodos siendo apéndices estatales – y siempre existe la tentación de embargarlos por parte del Estado- o, en contrapartida, convirtiéndose en desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares –lo que también supone que sean expropiados por los lenguajes más vulgares de la compleja espesura de la coalición entre ciertos medios de comunicación y determinados grupos económicos. Éstos dilemas, cuando no consiguen ser resueltos, llegan al paroxismo con personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a
El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores agromediáticos y los nuevos movilizados, ahora parecían el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por
Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. Pero un laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios comunicacionales y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas.
Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social democrático, expresado en infinidad de variantes de lenguaje y militancia. Fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar en la creación de una genuina base de sustentación popular.
Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Como muchos dicen despreocupadamente, “los pueblos no comen símbolos” pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo. Así, como lo demuestra el laberinto argentino, se lucha especialmente por símbolos, cualquiera sea la explicación profunda que se le de a estas evidencias.
Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias y voluntades no siempre disponibles. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.
Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales y se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal. No se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente
Crítica y conmemoración
Desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos. Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado. Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación.
No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política de derechos humanos no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.
Es necesario dejar de heredar el país de la dictadura y hay indicios, en las políticas gubernamentales, de una efectiva búsqueda de modos más equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino también se halla, como hilo de Ariadna, la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos sociales y derechos democráticos-, cuyo acoplamiento creativo es motivo central de la crítica y la razón política.
Como todos sabemos, el gobierno ha tenido trazados convocantes y perdurables en estos terrenos, aunque a veces realizados con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras a las segundas. Y del lado del gobierno no se logra totalizar las dimensiones de esa confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales singularidades. Un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos en juego supone no perder de vista los grandes panoramas históricos, nacionales y latinoamericanos, a la vez que se tiene la obligación de no dejar de observar los elementos menudos, precarios o marginales.
Estas relaciones entre lo general y lo particular tienen en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia para forjar alternativas y lenguajes. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y las locuciones con los cuales aprehenderlas a la vez que tratar las memorias sociales en juego, recogerlas del olvido o entretejerlas novedosamente. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en
Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de
La renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.
No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.
Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.
Sólo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.
La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda, exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.
No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial ni debe ser fachada de acciones de fuerzas económicas que la mejor tradición democrática de nuestras revoluciones fundadoras hubiera rechazado. Debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.
Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Y especialmente de las escrituras y reescrituras, que suponen que cada escritura es a la vez otra, que permite pensarse nuevamente.
Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.
