La Presidenta de la Nación ha sometido a debate público un anteproyecto de ley de medios audiovisuales, que sustituya el decreto ley vigente, firmado en 1980 por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, basado en la doctrina de la seguridad nacional, que no habla de la información como un derecho, sino que entiende a la comunicación como una cuestión de seguridad y al ciudadano como un enemigo interno.
En la década neoliberal de Menem-De la Rua se introdujeron modificaciones al mismo, que produjeron una intensificación del proceso de concentración y monopolización de los medios de comunicación.
La nueva ley contempla la participación de nuevos actores sociales en los medios y permitirá a la ciudadanía acceder a una información más plural y diversa. El universo de contenidos audiovisuales admitirá nuevos referentes simbólicos, ya que la propuesta está desarrollada desde una perspectiva que considera el derecho a la información como un derecho humano y a la comunicación como un bien social. El sector privado tendrá garantizado su espacio, pero dejarán de ser el lucro y la lógica de los grupos dominantes la única voz pública.
El anteproyecto recoge y amplia los 21 puntos de la Coalición por el DERECHO A LA COMUNICACIÓN, que son el resultado de un debate impulsado por organismos de Derechos Humanos, trabajadores de la comunicación de la CGT y la CTA, universidades, investigadores y medios de comunicación comunitarios y cooperativos, pequeños empresarios de radio y televisión e integrantes de organizaciones sociales y estudiantiles, que trabajaron desde hace más de cinco años en su elaboración.
Destacamos la iniciativa del gobierno al tomar estos 21 puntos como modelo para el anteproyecto, que ahora será sometido a discusión pública, a través de foros organizados en distintos lugares del país, antes de su envío definitivo al Congreso. Que se haga partícipe de su elaboración al conjunto de la ciudadanía denota su carácter políticamente elevado; y muestra en lo metodológico una propuesta que apunta a mejorar y profundizar la calidad de las instituciones.
Desde Carta Abierta valoramos el contenido democrático de la nueva ley en discusión, su jerarquización del derecho a la libre expresión, así como y – mas importante aun – el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. No hay sistema democrático que pueda diseñarse racionalmente y con justicia social con la actual estructura de medios. Las frecuencias son patrimonio de la humanidad y el Estado nacional es representante de ese derecho de la humanidad.
Entre los puntos centrales que contempla la nueva ley se destacan:
- Para las entidades sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas mutuales, universidades, etc.) estará destinado el 33 % de las frecuencias previstas para cada localidad.
- El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias.
- Para impedir la formación de monopolios y oligopolios, habrá límites fijados no sólo por cantidad de licencias sino por tipo de medio (sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos, a diferencia de la ley vigente, que permite a una sola empresa o persona ser titular de 24 licencias).
- El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las universidades, de las asociaciones sin fines de lucro y de los trabajadores del sector, entre otros.
Cabe destacar que Frank La Rue, el relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión ha felicitado a la Presidenta de la Nación, afirmando que el proyecto de ley es muy avanzado y “sienta un precedente no solamente para Argentina, sino también para América Latina y el mundo entero”.
En la Quinta Carta Abierta manifestamos que en estos meses se desplegará una contienda electoral que tendrá mucho de plebiscito respecto de las políticas gubernamentales, que en algunos casos presentan deficiencias, pero que configuran acciones reparatorias para una sociedad dañada. Las rutinas electorales serían insufladas de otro entusiasmo si se las dota de un carácter programático. En ese contexto se estará debatiendo una de las más radicales medidas de distribución cultural: una ley que impulsa la democratización del sistema de medios de comunicación.
Desde Carta Abierta La Plata invitamos a la ciudadanía a participar de todas las instancias públicas de elaboración y debate de este proyecto de ley. Porque si unos pocos controlan la información no es posible la democracia; el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental; la comunicación es un tema de todos los ciudadanos.
Para que se escuche tu voz. Para que se escuchen todas las voces. Concurramos al Foro a realizarse el 16 de abril en La Plata.
PARTICIPA EN EL FORO Y PARTICIPAS EN LA NUEVA LEY
